Frank López Ballesteros

El Universal

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos configuraron el curso de la política exterior de ese país y sus aliados en la lucha común contra el terrorismo global.

A partir de ese momento y como estipula la Resolución 1.373 de 2001 del Consejo de Seguridad de la ONU, los Estados miembros "tienen el deber de proseguir en la lucha contra el terrorismo, y abstenerse de organizar, instigar y apoyar" a estas organizaciones, como también enfatizan las resoluciones 1.269 (1999) y la 1.368 (2001) de este organismo.

La certificación por parte de Interpol de los datos del computador del líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes, donde se afirma que no hubo manipulación en los documentos que vinculan a esta guerrilla con los gobiernos de Ecuador y Venezuela, sientan un precedente en las futuras relaciones de ambos países con la comunidad internacional.

El principal temor ante estas revelaciones es que Venezuela sea sancionada por el Consejo de Seguridad de la ONU, otros organismos internacionales o gobiernos extranjeros.

Por su parte Estados Unidos cuenta con la lista de "Estados auspiciadores del terrorismo", elaborada por el Departamento de Estado, que implica un conjunto de sanciones que impactarían significativamente en el desarrollo del país.

El gobierno de ese país mantiene a cinco naciones bajo esta categoría. El primero en ser incluido fue Siria en 1979. La siguieron Cuba en 1982, Irán en 1984, Corea del Norte en 1988 y Sudán en 1993. El argumento esgrimido es que los cinco Estados "no han desistido de sus nexos con organizaciones terroristas".

El Departamento de Estado contempla cuatro grandes sanciones para los países que están dentro de esta lista, entre ellas: la prohibición de exportar armas desde EEUU, la regulación de las exportaciones de productos de doble uso (por ejemplo, químicos), que requieren el permiso del Congreso en un plazo de 30 días, previniendo así el desarrollo de la capacidad militar.

Desde el punto de vista económico, las sanciones son más contundentes. Estas naciones están exentas de asistencia económica estadounidense. Sin embargo, EEUU bloquea los préstamos que puedan ser otorgados por el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, y les prohíbe a sus ciudadanos realizar transacciones sin permiso del Departamento del Tesoro.

Para garantizar la aplicación de la Justicia, EEUU tiene la potestad de suspender la inmunidad diplomática para permitir a las familias de las víctimas del terrorismo presentar demandas en tribunales estadounidenses.

En la actualidad los ciudadanos de estos cinco países tienen permitido el acceso a EEUU, pero tienen que solicitar las visas en legaciones concurrentes norteamericanas y se les exige una larga cantidad de documentos.

Cada año el Departamento de Estado presenta su informe global contra el terrorismo. Durante 2006 y 2007, Venezuela fue sindicada de no cooperar plenamente en la lucha contra este flagelo, por lo que al país se le impidió importar artículos de defensa y servicios relacionados con esta actividad.

Washington critica, sobre todo, las relaciones del presidente Hugo Chávez con los gobiernos de Irán y Cuba, ambos catalogados como patrocinantes del terrorismo global.

En el informe Country Reports on Terrorism of 2008, el Departamento de Estado indicó que "sigue siendo poco claro hasta qué punto el gobierno del presidente de Venezuela prestó apoyo a las organizaciones terroristas colombianas".

Sobre este punto, un alto funcionario del Departamento de Estado aseguró a El Universal, que "de recibir Washington pruebas de los lazos de Caracas con las FARC, podemos elaborar otro tipo de sanciones ad hoc a Venezuela, sin que sean las que están estipuladas".

Y agrega: "Nosotros sabemos qué elementos atacar, pero buscamos no afectar al ciudadano común, que nada tiene que ver".

Tanto EEUU como la Unión Europea han intensificado sus políticas antiterroristas, sobre todo tras los atentados del 11 de septiembre, así como los de Madrid el 11 de marzo de 2004.

Dado que varios Estados de la UE son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como Francia y Reino Unido, la posición de la UE se realizaría a través de estos dos países para poder emitir una resolución sancionadora contra un Estado que apoye actividades terroristas.

Sin embargo, a diferencia de EEUU, la lista de la UE no se refiere a Estados, sino a organizaciones terroristas y sus miembros, entre los que están las guerrillas colombianas.

Un experto en políticas europeas de la Universidad Carlos III de Madrid, que prefiere reservar su nombre, asegura: "La UE no condenaría al Estado venezolano como lo haría Washington, la sanción sería más moral que formal, pero alguno de los Estados miembros podría congelar las relaciones. Ese enfriamiento puede afectar el terreno político-económico-comercial, que sí es delicado".

No obstante, EEUU está a la espera de pruebas contundentes sobre Chávez y las FARC para actuar sobre Venezuela. Como ha revelado un informe del Senado de ese país, Washington buscará un consenso en la región para aplicarlas. Hacerlo sólo tendría un costo político que seguiría debilitando su influencia en Latinoamérica.

frlopez@eluniversal.com