El Tigre.- En una pequeña ciudad del país se declaran en estado insurreccional. Y no se trata de una conspiración azuzada con capitales foráneos, ni mucho menos de los amagos secesionistas que acusa el Gobierno nacional en el estado Zulia. Por el contrario, en el oriente -al otro lado del mapa- el alcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, está en rebeldía. Lo dice y lo repite en una entrevista de menos de una hora: desconoce los procedimientos de un Estado que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos.

"Yo se que estoy violando la Constitución", reconoce. "Pero lo siento", concluye al final de enumerar una lista de medidas contra el hampa, que van desde prohibir el tránsito de motorizados con prontuarios policiales o que no porten unos chalecos numerados por la misma alcaldía, hasta pasar la aplanadora sobre prostíbulos y bares en los que asegura que sólo "falta un aviso luminoso que diga: 'Aquí se vende droga'".

Es la ley de El Tigre. Si eso no basta, un cartel que señala los rostros y apodos de los 15 supuestos hampones más peligrosos del sur del estado Anzoátegui, han vuelto a polarizar las posiciones que en el municipio Simón Rodríguez se tejen alrededor del hampa.

La muerte del director de la policía municipal, José Acosta Millán, está fresca. Ha transcurrido poco más de un mes desde el día en que cayó con el rostro desfigurado de varios disparos y, entretanto, unos carteles sin firmas ni logos, aunque asumidos públicamente por el propio alcalde, han tapizado la ciudad. Se trata de unos avisos que como en las películas de vaqueros que pagan por la cabeza de los bribones del pueblo, ofrecen 100.000 bolívares fuertes por los "solicitados".

"Como en el oeste americano", evoca Daniel Guerrero desde la avenida Francisco de Miranda de El Tigre, donde las fachadas de bancos, panaderías y hasta tanquillas de teléfono muestran las caras de los más buscados en una suerte de "top 15", que viene acompañado con la proclama de ofrecer "recompensa por su aradero".

Y la lista es más larga: en la capital del municipio Simón Rodríguez asesinaron el 20 de septiembre de 2007 al inspector jefe del Cicpc, Víctor Palmar, con balas de un fusil militar AR15. No pasaron siete meses y ocurrió lo mismo con el jefe de la policía municipal, Acosta Millán. Dos presos amanecieron decapitados, otro apuñaleado 16 veces y uno más quemado vivo durante una riña que el pasado 22 de junio enlutó a la prisión que administra el gobierno regional en la zona...

El último suceso sumó la noche del 1° de mayo otros dos muertos al expediente de presuntas ejecuciones que guarda el defensor del pueblo de esa entidad, Noel Azocar, y sobre las que advierte que cuando el Ministerio Público concluya las investigaciones, saldrá a flote la verdad sobre una serie de supuestos enfrentamientos en los que encuentra razones para imputar delitos como simulación de hecho punible, premeditación y alevosía por parte de funcionarios policiales.

Así están las cosas en El Tigre, donde a falta de sheriff, el alcalde advierte que si el Gobierno es incapaz de actuar ante semejante panorama, él continuará con unos métodos que escandalizan a defensores de derechos humanos como Miguel Cabello, quien denuncia que la enumeración de motorizados criminaliza a ese grupo.

Cabello agrega que la publicación de listas de personas por las que se ofrece recompensa viola el derecho al debido proceso y somete al escarnio a un grupo entre los que "hay menores de edad, ciudadanos que ya han sido procesados por la justicia nacional e individuos de los que se rumora que ya están presos y hasta muertos".

Pérez reconoce que estuvo involucrado en un juicio penal, pero añade que ese capítulo había quedado cerrado en 1996, cuando lo sentenciaron a un régimen de libertad bajo presentación que aún continúa. Como se presenta todas las quincenas en los tribunales del municipio, jura que no sabe cuál es la deuda que tiene pendiente con la justicia y, por si a las dudas, saca un acta que desde el pasado 2 de mayo certifica ese testimonio en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de Anzoátegui.

Después de haberse dado a la tarea de borrar con un graffiti azul la cara de su marido a lo largo de toda la ciudad, la pareja de Pérez se pregunta si la foto que estaba archivada en la policía municipal, y que fue impresa en los carteles que aparecieron en la calle, es la sentencia de muerte del padre de sus hijas, de quienes lamenta que hayan sido señaladas por sus compañeros de clase a raíz de esta situación.

El defensor del pueblo de la región añade más casos sobre la primera edición de carteles que salieron a la calle: "Francisco Rojas fue detenido en la sede de la policía municipal, vestido con un uniforme militar y conminado a posar en la foto que ahora aparece en los afiches". Todo quedó en familia porque su hermano, arrestado el miércoles por la misma policía tras un presunto porte ilícito de armas, también apareció en esos anuncios aunque es un menor de edad de 16 años.

Tras bastidores, en los organismos policiales reconocen que las mafias delictivas permearon en ellos. Es algo que ni siquiera niega Paraqueima. De hecho, la semana pasada intervino la policía por décima vez. "Aquí se escandalizan cuando hablo de oficiales hermafroditas: mitad 'choros' y mitad polcías", dice para reivindicar los carteles y otras medidas que prefiere llamar como "ensayos" que buscan frenar en casa los delitos que bullen por todo el país.

Pero eh allí el dilema, advierte Cabello, porque cree los carteles de solicitados y otras de las medidas similares forman una política que alimenta la impunidad. Azocar añade que "el alcalde interpreta erróneamente la lucha contra el hampa dando cancha libre a los policías, lo que termina involucrándolos en el delito".

Paraqueima, sin embargo, señala que las recompensas que ofrece no saldrán del erario público, sino de unos empresarios de los que se reserva el nombre. Acota, además, que tampoco pide gente muerta: "La relación es directamente conmigo, nos dicen dónde está la persona y al atraparlo pagamos con todo el secreto del mundo".

"A lo que hemos llegado", lamenta él mismo. ¿Hacia donde camina una sociedad que paga por las cabezas de unos "solicitados"? Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic), cree que "estamos en la anomia". Así comenzaron los paramilitares colombianos, recuerda.

jpoliszuk@eluniversal.com